Un contrato firmado ya compromete recursos, tiempo y reputación. Si la información sobre la otra parte llega después, las opciones se reducen a renegociar o rescindir, y ambas cuestan.

La debida diligencia mueve esa información al inicio. Con ella se confirma quién es la contraparte, quién la representa, cuál es su situación fiscal y qué antecedentes públicos tiene. El resultado es una decisión informada y, cuando hay alertas, una negociación con mejores condiciones.

La regla práctica: mientras mayor sea el monto o el plazo de la relación, más temprano y más profunda debe ser la investigación.

Para una persona física conviene solicitar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, comprobantes de ingresos de los últimos meses y constancia de situación fiscal si factura.

Para una persona moral, el acta constitutiva, el poder de quien firma, su identificación y la constancia de situación fiscal. Pida también referencias de arrendamientos anteriores.

Lo importante no es solo recibir los documentos, sino contrastarlos entre sí: que el domicilio, el nombre y los ingresos coincidan.

Antes de otorgar crédito a un proveedor o cliente, confirme que la empresa existe y opera, que su representante tiene facultades, que está al corriente de sus obligaciones fiscales y que no aparece en listas oficiales de riesgo.

Revise también litigios mercantiles y señales de operación real, como domicilio, plantilla y antigüedad.

Documente lo revisado. Ese expediente protege a su empresa si después necesita justificar la decisión ante auditoría o ante un comité.